Como informaba CF la semana pasada, y ante la falta de un acuerdo en financiación, autonomías se están planteando nuevas medidas de control del gasto en medicamentos que combinarían criterios económicos y sanitarios, buscando una prescripción de calidad e incluso una financiación selectiva, ante el reconocimiento de que las órdenes de precios habrían tocado fondo. Pero, como la "financiación selectiva" sólo puede ser impulsada por el Ministerio de Sanidad a través de la Agencia Española del Medicamento, las comunidades autónomas están buscando atajos legales para contener el gasto a través de otras fórmulas.
El cascabel y el gato
Sanidad no quiere poner el cascabel a ese gato cuando asegura que las medidas de contención del gasto tomadas hasta ahora "han funcionado" y añade que las autonomías pueden adoptar las medidas que consideren oportunas, pero afirma a CF que la prescripción de calidad y la sostenibilidad del sistema son conceptos que van juntos y que están en la base de la estrategia del Ministerio y así, asegura el director general de Farmacia, Alfonso Jiménez, estará presente cada vez más en el horizonte de Sanidad.
CF ha consultado con todas las autonomías y admiten que han instruido a las comisiones de uso racional de medicamentos de los hospitales, que se encargan de las compras de fármacos, para que ejerzan su función de racionalización del gasto que, además, tienen entre sus cometidos. Hay que recordar que el gasto hospitalario crece más que el gasto farmacéutico en otras áreas y ya el Ministerio de Administraciones Públicas advirtió en un informe de 2008 la necesidad de hacer esfuerzos especiales en su control.
Un atajo dudoso
El mecanismo de las comisiones de uso racional de los hospitales permite, además, sorteando los preceptos legales que reservan al Ministerio de Sanidad decidir qué medicamentos son de prescripción y cuáles son financiados, elegir entre distintas opciones farmacológicas con criterios a los que ahora, además de los estrictamente sanitarios, se suman los económicos. Lo peligroso de esta situación es que, si Sanidad no lidera este proceso, dotándolo de cohesión nacional, puede derivar en una creciente falta de equidad para los pacientes, según la autonomía en la que vivan. Así, desde Farmaindustria, su director técnico, Emili Esteve, declaraba a CF la semana pasada que un proceso de financiación selectiva sólo puede ser abordado por Sanidad, que es quien legalmente tiene la competencia, y así lo reconocía el director general de Recurso Sanitarios de Cataluña, David Elvira. De hecho, Cataluña, País Vasco o Andalucía han venido exigiendo estar presentes en la Agencia del Medicamento.
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